“Narcos gobiernan aldeas”

diciembre 13, 2009 – 6:50 pm -

En las comunidades caribeñas como Walpa Siksa, los narcotraficantes son los que ejercen la máxima autoridad por encima del juez, del anciano, del síndico o del pastor, son los que tienen la última palabra en cuanto a las decisiones que deben tomarse en la comunidad, así lo denunció ayer la Superintendente de la Iglesia Morava en Nicaragua, reverenda Cora Antonio.

“Hace algunos meses le dije a uno de nuestros reverendos que teníamos en la Iglesia Morava de Walpa Siksa, que lo estaba retirando de ese lugar porque no quería que se fuera a meter más en el problema del narcotráfico. Temía que algunos lugareños lo agredieran físicamente por predicar en el púlpito en contra de las drogas”, reveló la reverenda.

Expresó que los pastores moravos están suficientemente capacitados para anunciar el reino de Dios, pero no para enfrentarse a toda una red de narcotraficantes cimentada en toda la zona desde hace varios meses.

La reverenda manifestó que las distintas autoridades –tanto el gobernador de la Región, Reynaldo Francis, como los miembros del Consejo Regional, la alcaldesa de Prinzapolka, Lidia Coleman, y las mismas entidades policiales y militares– “sabían desde el inicio de la instalación de esa base de narcotraficantes, pero nunca hicieron nada”.

Además, comentó que los verdaderos narcotraficantes están en la ciudad, donde están instalados en lujosas mansiones que aparecen de la noche a la mañana, al igual que el desfile por las calles en carros último modelo. Y lamentó que la Policía no investigue a esas personas que aparentemente tienen licencia para traficar. “Ellos saben quiénes son los narcos con nombre y apellido, pero no los tocan”, insistió Cora Antonio.

Agregó que “como Iglesia sabíamos que tarde o temprano esto iba a suceder, pero tal parece que las autoridades regionales junto a las policiales y militares se hacen las sorprendidas frente a sus superiores ante esta realidad, que es del dominio de la población general”.

La Superintendente también dijo que estima conveniente el retiro de los militares, porque pueden caer en abusos contra civiles inocentes, aunque admitió que tampoco hay otra garantía para evitar la reinstalación de las beses narcos en estas aldeas caribeñas.

El gobernador de Bilwi, Reynaldo Francis, le respondió a la Superintendente en tono muy molesto, que los miskitos no cultivan ni tienen los laboratorios para fabricar la droga en los litorales del Caribe, y que por lo tanto no se puede decir que son narcotraficantes.

Respecto de la aseveración que hace la reverenda morava, en la cual califica de encubridora a la Policía, el jefe de la institución del orden público en esta ciudad, comisionado mayor Julio Rugama, dijo desconocer quiénes eran los narcos que habitan en la región. “No podemos ser irresponsables en decir que sabemos quiénes son, para eso hay que tener pruebas” expresó.

Rugama justificó la poca actividad que tiene la Policía en ese sector, diciendo que una de las principales limitantes que tienen como institución en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, es la falta de recursos económicos, humanos y medios para movilización.

“Para que podamos resguardar todo el Río Coco, Puerto Cabezas, Sahsa, y ambos litorales incluyendo parte del municipio de Prinzapolka, la Policía dispone de 270 agentes, de los cuales la mitad son administrativos, por lo que sólo quedan 135 efectivos para poder garantizar la seguridad ciudadana en un territorio de más de 20 mil kilómetros”, explicó el comisionado Rugama. De esa debilidad es que se aprovechan los narcos.

Según el revendo bautista, Leonardo Coulson, pastor de la Iglesia Monte de los Olivos en Bilwi, la culpa de esta situación es el abandono histórico que ha sufrido la Región Autónoma del Atlántico Norte por parte de los distintos gobiernos de turno. La evidencia está en la realidad que viven día a día cada una de las comunidades, no sólo las costeras, sino también la del Río Coco, los llanos y el Triángulo Minero.

“Hemos llegado a un momento donde ni nuestras autoridades regionales se preocupan por las comunidades, ni las autoridades comunales se preocupan por su comunidad, debido a que la corrupción los ha carcomido”, opinó el reverendo bautista, refiriéndose al juez y al síndico de Walpa Siksa, quienes andan huyendo en la montaña.

El líder espiritual Coulson contradijo los argumentos de que no hay recursos para extender a la Policía y al Ejército hasta las comunidades, más bien, sugirió que deberían distribuirse equitativamente de acuerdo con el presupuesto de esas instituciones, para una región tan extensa, donde la Policía sólo se moviliza cuando se trata de casos de drogas.

“Si algún ciudadano de un barrio o de una comunidad cercana a la ciudad interpone una denuncia donde los oficiales investigadores necesiten asistir al lugar, la respuesta es: no hay combustible”, se lamentó.

“Como están las instancias encargadas de garantizar la seguridad y de poner freno al crimen organizado, veo un caos en la RAAN, la que se ha convertido en una zona de matanza y de guerra porque no hay ley”, declaró el reverendo Coulson.

El gobernador Francis arremetió contra las fuerzas policiales y militares. Consideró que las fuerzas combinadas deben abandonar la comunidad de Walpa Siksa para que la paz pueda retornar al lugar. Aprovechó para denunciar supuestos abusos, maltratos y hostigamientos de parte de los militares hacia los civiles que mantienen reconcentrados en la Iglesia Morava.

“Creo que las autoridades policiales y militares deben investigar la procedencia de las armas que estaban en la comunidad el día de la emboscada, y castigar a los verdaderos responsables. No obstante, considero que es urgente que la calma retorne al ambiente en el litoral sur de Puerto Cabezas”, manifestó el gobernador.


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