Grupo sandinista analiza pretensiones reeleccionistas del orteguismo mediante las reformas constitucionales

junio 7, 2009 – 9:49 am -

Granada, Nicaragua
Por: Augusto Cermeño

licenciado-valentin-barahonaUn grupo de sandinistas de diferentes corrientes roja y negra no afines al oficialismo, se reunió en un foro para analizar las pretenciones reeleccionistas del orteguismo por medio de las reformas constitucionales.

Colocaron en el tapete un documento del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, elaborado por el diputado danielista Edwin Castro Rivera, titulado: “Parlamentarización del Sistema Político Nicaragüense”.

También pusieron sobre la mesa el documento titulado: “Consideraciones Políticas y Jurídicas sobre la propuesta de reforma constitucional nicaragüense”, patrocinado por Hagamos Democracia, Juristas Democráticos de Nicaragua, Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Grupo Pro Justicia.

En la actividad realizada en la Casa del Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), participaron no menos de 20 personas de filiación sandinista. Las exposiciones centrales de los documentos estuvieron a cargo del abogado Valentin Barahona.

Barahona, comentó que el proyecto de reformas pretenden instalar un presidente “sin ninguna facultad, pero el proyecto, a lo interno, demuestra todo lo contrario…”.

Realmente, según el enfoque de Barahona, “el presidente será el que va a proponer quien es el candidato a Primer Ministro. Será el que va proponer quienes van a ser ministros viceministros y directores del Gobierno y tendrá la facultad de disolver el Parlamento Nacional”.

“En otras palabras, el Presidente de la República en el sistema parlamentario, tendrá un poder omnímodo, porque en la actual constitución no tiene esa facultad de disolver la Asamblea Nacional”, concluye Barahona.

El Primer Ministro, según las reformas planteadas, estará supeditado al Presidente. Se mantienen los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), agregándoles un carácter vitalicio.

Valora Barahona que “no se hay cambios en el modelo político, se mantienen el mismo Consejo Supremo Electoral, los mismos magistrados, no hay control de los funcionarios públicos, no hay procedimientos para procesar a los funcionarios públicos que abusan o violan las leyes o cometen actos de corrupción”.


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